viernes, 5 de noviembre de 2010

Los jueces de Venezuela "viven con miedo".

Blanca Mármol de León, jueza de la Corte Suprema de Venezuela, en su despacho de Caracas.

La jueza de la Corte Suprema de Venezuela más crítica con el gobierno del presidente Hugo Chávez, denuncia que éste ejerce un control "total" sobre los jueces mediante la intimidación y la manipulación de los nombramientos de los cargos.

"Los jueces están aterrorizados. En un país donde los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos", declara en su oficina de Caracas Blanca Marmol de León, una de los 32 jueces de la Corte Suprema venezolana.

Mármol ha denunciado el miedo que hay a que ocho o más plazas vacantes en la corte sean ocupadas por parlamentarios de Chávez antes de que un nuevo cuerpo de jueces con mejor formación y resultados en las opocisiones tome su puesto en enero.

El gobierno socialista domina actualmente la Asamblea Nacional, pero en unas elecciones en septiembre perdió los dos tercios que necesitaba para realizar las designaciones de la Corte Suprema. La oposición ganó el 40% de los escaños, lo que seignifica que esos nombramientos deben ser negociados.

"Con una Asamblea diferente, quizás no todos los jueces serían de la política actual, por eso tienen prisa por hacer ya las designaciones" declara Mármol, que acostumbra a conceder entrevistas a medios de la oposición.

Los críticos a Chávez, en el poder desde 1999, denuncian que está machacando la democracia y los derechos en la Suramérica productora de petróleo a través de un estilo autocrático, la persecución de los enemigos políticos y el control del poder judicial.

Pero el presidente, de 56 años y con formación de soldado, señala la docena de elecciones que ha ganado durante la última década a modo de credencial democrática. Declara también que las críticas a su manera de gestionar la justicia es hipócrita si se considera que en el pasado la extorsión y el soborno reinaban a sus anchas.

Jueces encarcelados

Como muestra de la intimidación, Mármol cita el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada tras haber liberado a un empresario a quien el gobierno acusó de corrupción.

Afiuni fue detenida a finales del año pasado, y el comentario de Chávez de que debería ir a prisión 30 años causó indignación entre la oposición y grupos de derechos humanos.

Mármol denunció que éste y otros casos hacen que los jueces vivan con miedo a ser despedidos o a acabar ellos mismos en prisión si no dictan sentencias del agrado del gobierno.

"Los jueces ahora tenemos que elegir entre ser detenidos o nosotros mismos. Es lamentable", dice Mármol. "Se ha perdido la independencia de los jueces".

El control del gobierno sobre el sistema judicial a través de amigos jueces afines a la política de Chávez es "total". "Sólo dos jueces más de la Corte Suprema han votado ocasionalmente contra la voluntad del Gobierno", lamenta la magistrada.

Mármol denuncia que bajo el mandato de Chávez ha habido "limpieza" judicial y que a ella han intentado despedirla dos veces.

"Han eliminado numerosas condiciones para ser juez de la Corte Suprema y el motivo es político, así que 'cualqiera de nosotros' puede ser elegido", dice.

Reuters

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Sarkozy, acusado de espiar a periodistas.


En su edición del 3 de noviembre, Le Canard enchaîné (publicación satírica) explica que Nicolás Sarkozy supervisa personalmente la vigilancia de periodistas que investigan sobre asuntos "delicados". En el Elíseo han desechado estas acusaciones, que el director del semanal y autor del artículo continúa sosteniendo.

El Elíseo califica estas afirmaciones de "estrafalarias". "El Elíseo puede decir lo que quiera, las fuentes de la publicación son buenas y uno no publica algo así sin estar muy seguro", declara Claude Angeli, director del semanal, respondiendo de esta manera a las críticas que desacreditaban las revelaciones de Le Canard enchaîné.

Nicolás Sarkozy "quiere conocer las fuentes. Cuando se investiga sobre las fuentes se trata de espionaje a los periodistas, formalmente prohibido por la ley francesa y la Comisión Europea", replica Angeli.

"Es normal que Sarkozy esté cabreado, que quiera saber, pero de ahí a poner espías para conocer los responsables de los rumores sobre su pareja o para investigar quién se interesa especialmente en el caso Woerth-Bettencourt..." reflexiona el director de la publicación.

Para el partido socialista francés, "ha llegado la hora de las explicaciones. Que la sospecha no se instale más". La secretaria nacional para las libertades públicas y la justicia del partido socialista, Marie-Pierre de la Gontrie, declaraba que no hacían ninguna acusación, "pero las revelaciones de Le Canard enchaîné son extremadamente graves. Pedimos que se lleve a cabo una investigación, y que Bernard Squarcini, jefe de la DCRI (Dirección Central de Investigación Interior) declare ante la comisión de leyes de la Asamblea nacional"

Le Monde